La violencia en la cabecera municipal de Nochixtlán, Oaxaca, llenó de indignación y pánico el inicio de la llamada Semana Mayor, reviviendo en el ruido de motores, incesante repique de campanas, cohetones y disparos, lo que hace casi dos años, el 19 de junio de 2016, ocurrió ahí, cuando ocho personas murieron y decenas resultaron heridas.
En esa comunidad mixteca, se materializa lo que ocurre en el proceso electoral federal, es un escenario reflejo de la política nacional.
Para el pueblo, las cosas han cambiado desde aquel operativo letal que lanzaron los gobiernos de Gabino Cué y de Enrique Peña Nieto, para desalojar profesores que mantenían un bloqueo carretero. Fue un desastre: las hostilidades se extendieron aquel día de 2016 a la mancha urbana y la población terminó confrontando la avanzada policial cuando, sin miramientos, allanó el camposanto y detuvo a los dolientes en un funeral; atacó con gases desde un helicóptero el hospital y disparó sobre población civil de manera indiscriminada. Una jornada tremenda a la que llegaron en apoyo decenas de comunidades mixtecas.
Colocada así en el mapa de la represión impuesta por el peñanietismo, Nochixtlán ha visto desde entonces la injusticia sobre el caso, padece el pernicioso divisionismo que suelen alentar los grupos de poder para minar la indignación social, y la continuidad del cacicazgo político y económico de los hermanos Herminio y Daniel Cuevas.
Identificados con el exgobernador Ulises Ruiz –y con el titular de Sedesol federal, Eviel Pérez–, los Cuevas solían alternarse la presidencia municipal y la diputación local. Al mismo tiempo, acumulaban riqueza. Los símbolos de su poder político y económico, el Palacio Municipal y su rancho, fueron incendiados por la población en los sucesos de junio de 2016. El cabildo quedó disuelto de hecho y ellos desaparecieron. Pero su influencia se mantuvo.
Cosas del gatopardismo partidista de estos tiempos, los Cuevas dejaron como presidente municipal a Rubén Alcides, quien ganó la elección por el estatal satélite del PRI, Partido Social Demócrata. Asumió el cargo y se dedicó a reconstruir la estructura electoral y clientelar de los caciques vilipendiados, que se articula en las organizaciones de taxistas.
En Nochixtlán, la descomposición se expresa en robos en pleno día y homicidios, 15 de estos, estilo paramilitar durante 2017. El domingo, una mujer fue asesinada en el centro y con ese pretexto Rubén Alcides convocó a través de redes sociales a un acto la noche del lunes, para analizar el Fondo IV del Ramo 33, que sin embargo, lejos de acciones para la seguridad, tuvo como principal “acuerdo” el retiro de cascarones vehiculares incendiados en junio de 2016, sin importar que formaran parte de la cadena de custodia con diligencias pendientes. Lo hizo con los taxistas de la vieja estructura, una acción evidentemente política.
La oposición del Comité de Víctimas del 19 de Junio por la Justicia y la Verdad (Covic) al retiro de esos vehículos fue respondida a golpes y disparos –las víctimas dicen que de policías municipales– que se prolongaron por al menos tres horas, dejando mal heridos a Juan Acevedo Martínez, con tiro en el hombro y pulmón perforado, así como a Martín Silva, con disparo en la pierna, ambos del Covic.
Rubén Alcides intenta reelegirse, ahora por la coalición Por México al Frente, alianza esta que como en otras candidaturas en Oaxaca –incluida la del exdirector de Liconsa, Héctor Pablo Puga, al Senado– lleva el sello de Ulises Ruiz, en pleito con los Murat, que por su parte, resienten el descontrol de la entidad, entre las injerencias de José, el padre y, de Alejandro, el vástago gobernador dedicado a los maratones.
Cancha abierta a Ulises, que convenientemente apareció el pasado martes con una coartada para el blindaje: criticó la campaña de José Antonio Meade, entroncando una vez más con un personaje clave para Nochixtlán, como lo es Aurelio Nuño, a quien pide relegar. Mensajes mafiosos, entre líneas, al viejo estilo priista… y de por medio, un pueblo.
